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La «renta de emancipación» de 210
euros que pagará el Ministerio de Vivienda a
través de convenios con las autonomías
está suscitando críticas en algunas de
ellas por su modelo de tramitación.
Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, cuya Consejería
de Vivienda aseguró ayer que no tiene tiempo
para poner en marcha los recursos técnicos y
humanos necesarios para gestionar las ayudas. Según
estas fuentes, el gran número de peticiones que
se prevé recibir a partir del 1 de enero -Madrid
tiene seis millones de habitantes- imposibilitará
al Gobierno regional su tramitación, por lo que
remitirían estas solicitudes al Ministerio de
Vivienda para que éste las gestione. Hasta ahora,
han firmado el convenio con Vivienda las autonomías
de Cantabria, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha
y Extremadura, todas ellas con poca población
(sólo Castilla-La Mancha llega a los dos millones
de habitantes), pero el lunes se unirá Valencia,
con cinco millones.
Caen los visados de obra nueva
Por otra parte, desde enero hasta septiembre de 2007
se han concedido en España 526.977 licencias
para construir edificios con fines residenciales, lo
que supone una caída del 22,2% respecto a los
primeros nueve meses de 2006, según datos del
Colegio de Arquitectos.
Estos datos, sin embargo, no asustan al G14, grupo que
aseguró ayer que en los próximos nueve
años se demandarán cuatro millones de
viviendas, por lo que habrá que construir 454.000
unidades al año.
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