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Los accidentes laborales son siempre demasiados, pero
las cifras de 2007 marcan, al menos, una senda esperanzadora.
El año pasado murieron 841 trabajadores en sus
puestos, según un avance aún pendiente
de confirmar. Con ser abultada, la cifra representa
un descenso del 11,2% respecto a 2006. Se trata de la
caída más intensa de los últimos
10 años como mínimo. Debido a un cambio
en la forma de computarlos, las series no permiten rastrear
más atrás, pero es probable que el récord
vaya más allá de los 10 años.
El dato resulta más significativo en un contexto
en el que la ocupación no ha dejado de crecer.
Cerrar el año con menos muertes y más
empleo a la vez implica que, proporcionalmente, el descenso
es mucho más pronunciado. El número de
muertes por cada 100.000 afiliados ha pasado de 6,1
en 2006 a 5,3 en 2007. Las cifras, además, contrastan
con el ligero repunte que experimentaron los accidentes
mortales en el año 2006.
A cambiar el ritmo de la curva ha contribuido, sin duda,
la pérdida de vigor que ha experimentado la construcción
en 2007. El menor dinamismo en el empleo de ese sector,
que concentra un tercio de los fallecimientos, modera
la proliferación de siniestros en el tajo.
Más allá de este elemento coyuntural,
el mayor celo a los accidentes laborales ha contribuido
de forma determinante a la mejora. En el ejercicio pasado,
el Gobierno, la patronal y los sindicatos alcanzaron
un gran acuerdo para frenar la siniestralidad, con especial
atención a las empresas pequeñas, que
suelen escapar a los controles habituales. Por encima
de ese pacto, cuyas principales medidas están
por aplicar, ha pesado la labor de la fiscalía
especial para accidentes laborales. Su titular, Juan
Manuel de Oña, tomó posesión del
cargo a mediados de 2006 y desde entonces procura que
al menos los delitos no queden impunes.
En 2006, último ejercicio del que existe un balance,
sólo la mitad de los fallecidos en jornada laboral
llegó a los tribunales. Un año antes,
la justicia tenía constancia apenas de una quinta
parte. A falta de los datos definitivos, el fiscal percibe
que en 2007 las cosas han marchado mejor. La inspección
de trabajo tiene orden de remitir a los tribunales todas
las actas que levanten sobre siniestros laborales. Esa
medida, unida a un protocolo de actuación al
que también se ha sumado la policía, ha
favorecido la persecución de los delitos. Y las
empresas han tomado una mayor conciencia de la necesidad
de frenar esta lacra.
Aunque los 841 muertos en su puesto de trabajo en 2007
representan el dato más moderado en muchos años,
aún habrá que añadirles los in
itínere (fallecidos en el trayecto de casa al
trabajo o viceversa). La suma de ambos ha arrojado siempre
cifras superiores a los 1.000, una barrera que volverá
a alcanzarse este año, pues con datos del Ministerio
de Trabajo hasta noviembre, ya habían fallecido
313 personas en esas circunstancias, principalmente
en colisiones de tráfico.
Pese a las mejoras, España aún tiene por
delante numerosos retos para aproximarse a las cifras
europeas. En los 27 Estados miembros fallecieron en
2005 (último dato disponible) 7.460 personas,
lo que sitúa a la economía española
en mal lugar, con más del 10% de las muertes
europeas. Y el número de muertos por cada 100.000
afiliados aún supera las marcas comunitarias,
que se sitúan en 4,3 trabajadores. Hasta hace
poco, la incidencia en España duplicaba la media
comunitaria, con lo que el dato de 2007 contribuye a
aminorar la brecha con los países del entorno.
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