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El 1 de febrero entró en vigor la reforma, que
consiste en que aquellos demandantes que no tienen formación
para realizar el trabajo que les gustaría o están
desorientados sobre sus pretensiones de futuro se clasifiquen
en una casilla bajo el epígrafe "demandantes
de servicios previos al empleo", según un
portavoz oficial del Ministerio de Trabajo.
Éste pone como ejemplo el caso de un joven que
haya terminado la educación obligatoria y no
sepa bien hacia qué sector orientarse y tampoco
acepta trabajar en cualquier empleo sin cualificación
necesaria. En la medida que esa persona necesita una
formación se le deriva a una escuela-taller u
otro tipo de entidades de enseñanza orientada
al empleo.
El ministerio explica que hasta ahora cada funcionario
de los servicios de empleo incluía estos casos
donde les parecía, sin criterio uniforme. Ahora
se ofrece esa nueva casilla.
El portavoz del ministerio que encabeza Jesús
Caldera explica que el cambio en la clasificación
fue propuesta por los técnicos en junio y tratada
en una reunión de los responsables autonómicos
de los servicios públicos de empleo el pasado
18 de enero.
Trabajo recalca que desde el año 2000 el Gobierno
no tiene capacidad para intervenir en cómo se
contabilizan los parados ya que son las comunidades
autónomas las que realizan los cómputos
y luego los remiten al ministerio.
En ese sentido, el citado portavoz subraya que la norma
se enmarca en el desarrollo del sistema informático
SISPE y que cada comunidad autónoma es libre
de incluir o no la nueva casilla en sus formularios
electrónicos. También señala que
en la reunión del 18 de enero hubo acuerdo entre
los participantes y señala a la Comunidad de
Madrid, gobernada por el PP, como origen de una información
que consideran intoxicada. En todo caso rechaza que
haya ninguna intencionalidad política en el cambio.
Cuando se propuso "en junio no había ningún
problema de creación de empleo", arguye.
Con todo, el efecto del cambio en el cómputo
no ayudará mucho a mejorar las pésimas
cifras de empleo 2.129.547 parados en España
tras el incremento de 132.378 de enero, el mayor en
cinco años.
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