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Impulsar la actividad y aliviar la actual situación
de familias y empresas son los objetivos de las once
medidas aprobadas por el Gobierno, mediante las que
prevé inyectar 10.000 millones de euros en la
economía española este año. Estas
medidas, articuladas en un Real Decreto-Ley y un Acuerdo
del Consejo de Ministros, se centran en dos ejes: uno
social, de protección de trabajadores, empresas
y familias ante la desaceleración; y otro económico,
de impulso de la actividad por vía presupuestaria.
Con la "condición fundamental de mantener
la estabilidad presupuestaria", el conjunto de
medidas incluye rebajas de impuestos, ayudas a las familias
con hipotecas y a las empresas, estímulos para
financiar la vivienda protegida y para rehabilitar edificios,
un plan de recolocación de parados, impulso de
obra pública, y mejora de la fiscalidad para
la inversión extranjera. El plan para recolocar
a los desempleados, que tendrá un coste de 201
millones de euros, se centra en reforzar la inserción
laboral y formación profesional, para lo que
se contratarán 1.500 "orientadores"
que elaborarán itinerarios personalizados de
los parados. Además, se dará una ayuda
de 350 euros mensuales durante tres meses a los parados
con especiales dificultades de inserción laboral
y cuyas rentas sean inferiores al IPREM.
De los 10.000 millones que el Gobierno prevé
inyectar en la economía española, 6.000
millones (equivalentes el 0,9 por ciento de la renta
disponible de las familias) corresponden a la deducción
de 400 euros que se aplicará a los contribuyentes
que perciben rentas del trabajo, asalariados y pensionistas,
y a quienes obtengan rendimientos de actividades económicas.
Esta medida se aplicará en las nóminas
de junio, mes en el que las retenciones serán
de 200 euros menos, mientras que el resto, hasta los
400 euros, se prorrateará en los restantes meses
del año.
En cuanto a los autónomos, los que hagan pagos
fraccionados podrán beneficiarse de la deducción
a partir de junio y a los demás se les aplicará
cuando presenten la declaración del IRPF.
La tercera medida prevé que las obras en un edificio
se consideren rehabilitación cuando su coste
supere el 25 por ciento del precio de compra, sin incluir,
como hasta ahora, el precio del suelo, con lo que se
amplia el número de obras que se beneficiarán
de una fiscalidad más ventajosa, ya que podrán
recuperar el IVA soportado, con lo que se estimulará
la actividad en la construcción.
Eliminar el gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio
desde el 1 de enero de este año es la cuarta
de las medidas aprobadas y por la que Hacienda dejará
de ingresar 1.800 millones.
Ayudar a las familias con hipotecas es el objetivo de
la quinta medida, que elimina los gastos de ampliación
del plazo de amortización de las hipotecas y
que entrará en vigor en mayo con una vigencia
de dos años. No obstante, el Gobierno no ha ultimado
este compromiso con las entidades financieras, que incluye
además la supresión de los gastos fiscales
de estas operaciones, así como los registrales
y notariales.
Para ayudar a la empresas se ha aprobado la ampliación
en 2.000 millones de euros el aval que el Estado concede
para la titulización de créditos a las
pymes, que pasa de los 1.000 millones de los Presupuestos
Generales del Estado para este año a los 3.000.
Para aumentar la liquidez de las empresas, a partir
de 2009, éstas podrán solicitar la devolución
del IVA mensualmente, lo que les permitirá cobrar
de forma anticipada unos 6.000 millones de euros.
Con el fin de estimular la financiación de la
vivienda protegida, se ha ampliado en 2.000 millones
la línea de avales del ICO para la titulización
de préstamos hipotecarios destinados a adquirir
vivienda protegida, que pasa de los 3.000 millones previstas
para 2008 a 5.000 millones.
La novena medida pretende agilizar la obra pública
y para ello la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos analizará trimestralmente el
grado de ejecución de la misma y propondrá
las medidas necesarios para acelerarla.
Para reforzar la construcción de vivienda protegida
se convocará, de forma urgente, la Conferencia
Sectorial de Vivienda, con el fin cumplir el objetivo
de construir 150.000 viviendas protegidas al año
y promover la rehabilitación y mejora de la accesibilidad
y eficiencia energética de los edificios.
La última medida prevé atraer inversión
extranjera, y para ello se mejorará la fiscalidad
de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta
fija para no residentes.
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