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La Ley de Responsabilidad Ambiental hará efectivo
en España el principio de "quien
contamina paga" y obligará además
a reparar los daños que haya sufrido el medio
ambiente y a devolver los recursos naturales al estado
original en que se encontraban antes del daño.
El Consejo de Ministros conoció el anteproyecto
de ley, que será revisado por el Consejo
Económico y Social y por el Consejo de Estado
antes de su remisión a las Cortes, informó
la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
La titular de Medio Ambiente explicó que para
que las empresas dispongan de recursos económicos
para hacer frente a su responsabilidad la ley les exigirá
una garantía financiera (como
un seguro o un aval bancario) que se irá introduciendo
de forma gradual a partir del año 2010.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, dijo que la principal
novedad de la ley será que tanto las acciones
de prevención como las destinadas a cubrir el
daño causado se deberán ejecutar "de
forma inmediata", sin esperar a recibir
confirmaciones, instrucciones o decisiones de las autoridades".
De la Vega destacó también que el causante
del daño estará obligado a repararlo y
advirtió de que no podrá sustituirlo
por compensaciones económicas, y concluyó
que a partir de ahora "quien contamina paga, y
además limpia y repone; pagar ya no basta".
Narbona subrayó que la ley pretende evitar que
la reparación de los daños causados al
medio ambiente tengan que ser sufragados por las administraciones
públicas y citó como ejemplo que durante
los últimos siete años el Ministerio de
Medio Ambiente ha desembolsado 183 millones
de euros para reparar daños ambientales.
La Ley afectará a más de 5.000
instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas
de transporte de mercancías peligrosas, a casi
un millón de explotaciones agrarias, a las balsas
mineras y a las actividades relacionadas con la utilización
y liberación de organismos modificados genéticamente.
La ministra constató la voluntad del Ejecutivo
de luchar contra la "impunidad" en materia
medioambiental, y explicó que corresponderá
a las comunidades autónomas hacer cumplir esta
ley, excepto en los casos en los que el daño
afecte al dominio público de titularidad estatal.
Las sanciones a las empresas que incumplan la ley pueden
llegar hasta dos millones de euros y prevén también
la suspensión de la licencia de actividad.
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